Renfe y la política

Una de las mayores críticas que se suelen realizar a las empresas públicas es su ineficacia. Éstas violan una de las reglas básicas del mercado, y es la necesidad que tienen todas las empresas de satisfacer al cliente si quieren sobrevivir. Para que una empresa sea rentable es necesario que sus productos satisfagan a la clientela, siendo ésta la única forma posible de financiar su funcionamiento a largo plazo. Por tanto, la empresa existe sólo mientras sus bienes o servicios sean del agrado del consumidor.

En caso contrario irá a la quiebra. Este mecanismo de funcionamiento tiene la gran ventaja de que sólo se recompensa económicamente aquellas inversiones que el consumidor encuentra beneficiosas, pereciendo el resto, y evitando que los recursos se empleen en productos que no interesan al cliente.

Desafortunadamente, esta regla no es aplicada en la empresa pública. Si una de estas empresas no satisface al cliente no va la quiebra sino que empieza a exigir al Estado fondos para financiar su ineficacia bajo las más peregrinas excusas: realizar una labor social, impedir que los trabajadores queden en la calle, proteger un sector estratégico, etc. El Estado, en lugar de permitir la quiebra de empresas cuya producción no gusta al consumidor y el aumento de desempleados en el INEM, decide premiarla por su pésima labor otorgándole fondos. Estos fondos, por supuesto, no son aportados voluntariamente y libremente por los que defienden que dicha empresa pública deba ser subsidiada, sino que se extraen de manera coactiva a todos los contribuyentes, sin importar ni la opinión ni las preferencias de estos últimos.

Puesto que la empresa pública no necesita del cliente, los fondos obtenidos no van destinados a su satisfacción, sino que quedan al arbitrio y capricho del burócrata de turno, que los empleará en contentar a los distintos grupos organizados y políticos que vivan de dicha empresa.