Novedades en la ley de Instituciones de Inversión Colectiva

Ha visto por fin la luz el reglamento de la ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que se publica en el BOE del pasado día 8.

Esta normativa llega con extraordinario retraso, puede que a causa del cambio de gobierno el 14-M. Probablemente esta indefinición ha causado perjuicios a más de un ahorrador.

Quedan todavía algunas dudas que aclarar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en torno al cobro de comisiones de éxito. Lo más novedoso es la mayor flexibilización de que se ha dotado a los fondos de inversión inmobiliaria, al permitirles colocar hasta el 15 por ciento de su patrimonio en sociedades cuyo activo esté integrado mayoritariamente en inmuebles en alquiler, lo que permitirá diversificar a las gestoras españolas que no inviertan en el extranjero, debido a que si la inversión se realiza directamente en inmuebles, la venta está sometida a tributación en el país donde se ubique el inmueble, sin posibilidad de recuperar por parte del fondo español esa tributación; no ocurre esto sin embargo cuando la desinversión se realiza a través de la venta de la sociedad tenedora del inmueble.

La dispositiva amplía el horizonte de inversión a nuestros fondos, que como es notorio mostraron en los meses pasados claros indicios de anquilosamiento. Sin duda, el boom de la inversión en viviendas ha provocado que no consigan encontrar activos donde invertir al mismo tiempo que el dinero que les entra.

A lo que se observa, acumulan los fondos más liquidez de la necesaria y diluyen la rentabilidad de su cartera, ya que el retorno de parte de efectivo y renta fija es inferior al de la inversión colocada en inmuebles, ya sean comprados o de alquiler.
En el aspecto meramente positivo de la norma para cursos Inem, el reglamento concreta por fin las comisiones máximas, potencia el papel del depositario y establece las funciones de los gestores con participaciones destacadas en las empresas. Se determina que los promotores de fondos deberán informar al partícipe sobre el derecho de voto en la compañía en la que ha invertido, y cuando supera el 1 por ciento del capital de la entidad, la gestora está obligada a ejercer sus derechos de asistencia y voto en las juntas generales.
Finalmente, permite este reglamento el acceso del inversor particular a los «hedge funds» -fondos de inversión libres-, aunque exigiendo un capital mínimo inicial en su acceso, que sólo se podrá realizar a través de fondos de fondos.